España ha demostrado en los últimos años una notable capacidad de crecimiento económico. Pero una economía que crece no elimina automáticamente las presiones sobre el Estado del bienestar. Detrás de los indicadores macroeconómicos existe una cuestión mucho más cercana al ciudadano:
¿pueden los servicios públicos y la protección social responder a las necesidades de una sociedad que envejece y cambia rápidamente?El Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial sitúa entre los riesgos relevantes la insuficiencia de infraestructuras y protecciones sociales. El informe recoge las percepciones de más de 1.300 expertos de empresas, gobiernos, instituciones internacionales, universidades y sociedad civil. Conviene subrayar que se trata de una encuesta de percepción de riesgos, no de una predicción sobre el futuro de España.
En el caso español, la preocupación adquiere una dimensión especialmente importante en las pensiones. España está envejeciendo y el número de personas dependientes de las pensiones crecerá en relación con la población activa. La OCDE estima que, con las reglas actuales, el gasto en pensiones podría aumentar en 3,2 puntos porcentuales del PIB entre 2023 y 2050, hasta alcanzar el 16,1% del PIB.
Esto no significa que el sistema esté a punto de desaparecer ni que las pensiones actuales estén en peligro inmediato. Significa algo más sencillo y más importante:
la sostenibilidad financiera será cada vez más difícil de mantener sin una combinación de empleo, productividad, ingresos públicos y reformas de largo plazo.La cuestión tampoco se limita a las pensiones. La educación, la sanidad, los cuidados de larga duración, la vivienda, el transporte y otros servicios públicos constituyen la infraestructura social sobre la que descansa una sociedad moderna.
La propia OCDE señala que el gasto público español alcanzó el 45,4% del PIB en 2023, prácticamente en línea con la media de la OCDE. Sin embargo, advierte de que la composición del gasto está muy concentrada en transferencias corrientes, especialmente pensiones y prestaciones por desempleo, mientras que la inversión en educación, servicios públicos y asuntos económicos se mantiene por debajo de las medias de la OCDE y de la UE.
Aquí aparece el verdadero desafío: no se trata simplemente de gastar más, sino de gastar mejor y con una perspectiva de varias décadas.
Una sociedad envejecida necesita más atención sanitaria y cuidados. Una economía moderna necesita educación capaz de adaptarse a nuevas tecnologías y mercados laborales. Una población que se concentra en determinadas ciudades necesita vivienda, transporte e infraestructuras adecuadas. Y un sistema de protección social sostenible necesita suficientes trabajadores y empresas capaces de generar los ingresos que lo financien.
España, por tanto, se enfrenta a una ecuación compleja: mantener la protección social sin sacrificar la inversión necesaria para generar el crecimiento que permitirá financiarla.
La respuesta exige planificación. También exige evaluar periódicamente qué programas funcionan, dónde existen duplicidades y dónde la inversión pública produce mayor beneficio social. La autoridad fiscal independiente española, AIReF, ya desempeña un papel relevante mediante sus revisiones del gasto; entre 2022 y 2025, según la OCDE, se habían aplicado 217 de 357 recomendaciones formuladas, mientras otras permanecían en proceso o habían sido rechazadas.
VOZ DE ESPAÑA — VISIÓN ESTRATÉGICA
La protección social no debe contemplarse únicamente como un coste presupuestario. Es también una inversión en estabilidad social, capital humano y cohesión nacional. Pero proteger el Estado del bienestar exige anticiparse a los cambios demográficos, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y preservar espacio para la inversión. El verdadero riesgo para España no es simplemente tener un Estado del bienestar costoso; es no adaptar a tiempo sus instituciones a una sociedad que será diferente de la actual. La pregunta para la próxima década no debería ser cuánto puede gastar España en protección social, sino qué sistema de servicios públicos quiere poder sostener cuando las necesidades sean mayores y la estructura demográfica haya cambiado.
