«Un país no puede presumir de recibir al mundo mientras sus propios ciudadanos empiezan a sentirse extranjeros en sus barrios».
Basta con pasear por el centro histórico de Sevilla, el barrio Gótico de Barcelona o algunas zonas del litoral balear para percibir una contradicción que España ya no puede seguir ignorando. Las calles están llenas, las terrazas rebosan actividad y los establecimientos turísticos parecen vivir una temporada interminable. Sin embargo, detrás de esa imagen de prosperidad hay vecinos que no encuentran vivienda asequible, pequeños comercios que desaparecen y servicios públicos que soportan una presión cada vez mayor.
España se ha convertido en una de las grandes potencias turísticas del mundo. El sector genera empleo, atrae inversiones y sostiene una parte esencial de la actividad económica nacional. Pero celebrar continuamente los récords de visitantes sin examinar sus consecuencias es confundir el éxito de una industria con el bienestar de un país. La pregunta ya no debería ser cuántos turistas más podemos recibir, sino qué tipo de turismo queremos y, sobre todo, qué precio estamos dispuestos a pagar por mantenerlo.
El impacto de la masificación turística se manifiesta de distintas maneras según el territorio. En ciudades como Barcelona, Sevilla o Málaga, la concentración de visitantes transforma el uso de los espacios públicos y modifica progresivamente la vida de determinados barrios. En Baleares y otras zonas costeras, la presión estacional sobre las infraestructuras y los recursos naturales plantea problemas que no pueden resolverse únicamente ampliando la oferta hotelera.
El agua es uno de los ejemplos más evidentes. España conoce bien las consecuencias de las sequías y la escasez hídrica. Por eso, en territorios sometidos a estrés de agua, resulta imprescindible planificar el consumo de hoteles, piscinas, instalaciones recreativas y complejos turísticos sin comprometer las necesidades de la población residente ni la protección de los ecosistemas.
La vivienda representa otra preocupación central. La expansión de los alojamientos turísticos de corta duración puede reducir la oferta residencial en determinados barrios y aumentar la competencia por los inmuebles. Aunque los precios responden a múltiples factores —desde la falta de construcción hasta la inversión inmobiliaria y la evolución de la demanda—, sería ingenuo ignorar la influencia que puede ejercer la conversión de viviendas en alojamientos turísticos.
Para una familia trabajadora, encontrar un alquiler razonable se ha convertido en una dificultad creciente en numerosos destinos. Para muchos jóvenes, independizarse supone un esfuerzo económico extraordinario. Y para algunos residentes de toda la vida, permanecer en su propio barrio parece cada vez más complicado.
Cuando desaparecen los vecinos permanentes, también se debilitan los comercios tradicionales, las relaciones de proximidad y la identidad cultural de las ciudades. Un barrio no es simplemente una colección de edificios atractivos para fotografiar: es una comunidad humana.
No se trata de demonizar al turista ni de presentar el turismo como un enemigo. Millones de trabajadores dependen directa o indirectamente de esta actividad. Hoteles, restaurantes, transportistas, guías, pequeños empresarios y productores locales forman parte de una cadena económica que merece protección y estabilidad.
El problema reside en un modelo que ha tendido a premiar el volumen por encima del equilibrio. España necesita pasar de una estrategia basada en atraer cada vez más visitantes a otra que valore la calidad, la sostenibilidad y el beneficio real para las comunidades.
Esto exige regular con eficacia los alojamientos turísticos, especialmente en las zonas donde la presión residencial resulta más intensa. Las licencias deben responder a criterios transparentes, acompañados de inspecciones y mecanismos que impidan la actividad ilegal. El objetivo no es frenar cualquier iniciativa empresarial, sino evitar que el mercado turístico desplace sistemáticamente el uso residencial de la vivienda.
También deben revisarse las tasas turísticas allí donde sean aplicables. Su recaudación debería destinarse de forma clara a mejorar el transporte público, la limpieza, la conservación del patrimonio y la gestión de los recursos naturales. Los residentes necesitan comprobar que los costes que soportan se traducen en mejoras para sus municipios.
Otra prioridad es distribuir mejor la actividad turística. El interior de España, sus ciudades medianas y numerosas localidades rurales ofrecen patrimonio histórico, gastronomía, naturaleza y tradiciones que merecen mayor reconocimiento. Fomentar estos destinos puede generar empleo, apoyar economías locales y aliviar parte de la concentración que sufren los enclaves más populares.
La transformación debe contar con quienes conocen mejor cada territorio: sus habitantes. No basta con diseñar campañas promocionales o anunciar nuevas inversiones. Las decisiones sobre vivienda, movilidad, urbanismo y capacidad turística deben incorporar la experiencia de los residentes y las necesidades de los trabajadores del sector.
La sostenibilidad tampoco puede convertirse en una simple etiqueta comercial. Un destino verdaderamente sostenible necesita empleo digno, recursos bien gestionados, viviendas accesibles y servicios públicos capaces de atender tanto a visitantes como a ciudadanos.
España no tiene que elegir entre turismo y calidad de vida. Tiene que demostrar que ambos pueden convivir mediante una planificación responsable y una distribución más equilibrada de los beneficios y los costes.
El país que recibe al mundo debe cuidar también a quienes lo mantienen vivo durante todo el año. Porque cuando una ciudad pierde a sus vecinos, no solo cambia su paisaje: pierde una parte de aquello que la hacía especial.
«El verdadero éxito turístico no se mide por cuántas personas llegan, sino por la dignidad con la que pueden seguir viviendo quienes ya estaban aquí».
