Un juez de EE. UU. suspende las deportaciones de afganos

VoS NEWS DESK | ESTADOS UNIDOS | 9 NOVIEMBRE 2026

Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado suspender temporalmente los planes de deportación de ciudadanos afganos detenidos en territorio estadounidense hacia Afganistán o Pakistán, después de que organizaciones defensoras de los derechos humanos y decenas de legisladores advirtieran sobre los graves peligros que podrían afrontar las personas afectadas. La decisión judicial representa una pausa en una operación migratoria que había generado preocupación por las posibles consecuencias para los ciudadanos afganos que buscan protección fuera de su país.

La orden fue emitida el 3 de noviembre por la jueza federal Valerie Caproni, del Distrito Sur de Nueva York. La resolución impide temporalmente que la Administración estadounidense lleve a cabo deportaciones de ciudadanos afganos hacia Afganistán o Pakistán durante el periodo establecido por el tribunal, que finalizaba el sábado 7 de noviembre. Durante la audiencia, representantes del Gobierno comunicaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tenía vuelos comerciales o chárter programados para ejecutar esas deportaciones antes de finalizar la semana.

La preocupación surgió después de que documentos judiciales y declaraciones de abogados indicaran que las autoridades estadounidenses contemplaban trasladar a ciudadanos afganos desde instalaciones de detención en Luisiana hacia Pakistán. Posteriormente, algunas de estas personas podrían haber sido devueltas a Afganistán. La utilización de Pakistán como posible país de tránsito estaría relacionada con la ausencia de relaciones diplomáticas formales entre Washington y las autoridades talibanes que gobiernan Afganistán.

Según organizaciones como AfghanEvac y Human Rights First, más de 80 ciudadanos afganos detenidos habían recibido notificaciones relacionadas con posibles deportaciones. Entre las personas afectadas se encontrarían mujeres, antiguos integrantes de las fuerzas policiales, miembros de minorías religiosas y familiares de ciudadanos que colaboraron con las fuerzas militares estadounidenses durante su presencia en Afganistán. Muchas de estas personas abandonaron su país por temor a represalias y persecución.

La iniciativa también provocó una reacción política en Washington. Una carta encabezada por el congresista demócrata Scott Peters y firmada por otros 65 miembros del Congreso expresó preocupación por el riesgo de que los ciudadanos afganos enviados de regreso pudieran sufrir persecución, tortura o incluso perder la vida. Los legisladores solicitaron a los responsables de los departamentos de Estado y Seguridad Nacional que reconsideraran cualquier operación de deportación que pudiera poner en peligro a estas personas.

Las organizaciones humanitarias también han advertido sobre las condiciones existentes en Afganistán bajo el Gobierno talibán, especialmente para las mujeres, las niñas y quienes mantuvieron vínculos con las instituciones estadounidenses. Entre los riesgos mencionados figuran detenciones arbitrarias, represalias y restricciones severas a las libertades individuales. Las autoridades afganas, por su parte, expresaron preocupación por los informes sobre posibles traslados a Pakistán y pidieron que se respetasen los derechos de los ciudadanos afectados.

Aunque la decisión judicial ofrece un alivio temporal a las personas afectadas, no representa una cancelación definitiva de las deportaciones. Las organizaciones defensoras de los inmigrantes han señalado que continuarán vigilando cualquier posible operación de traslado y buscando mecanismos legales para impedir que los ciudadanos afganos sean enviados a lugares donde puedan afrontar situaciones de peligro.

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La decisión judicial vuelve a situar en el centro del debate internacional la relación entre las políticas de deportación, la seguridad nacional y las obligaciones de protección de los derechos humanos. El caso también pone de relieve las dificultades que pueden surgir cuando un país intenta ejecutar deportaciones mediante terceros Estados debido a la falta de relaciones diplomáticas con el país de origen. El futuro de los ciudadanos afganos afectados dependerá tanto de las próximas decisiones judiciales como de las garantías legales y de seguridad que puedan ofrecerse antes de cualquier traslado.