Desde las instituciones de Bruselas se repite con insistencia un mantra que busca calmar los ánimos en un continente en crisis: la necesidad imperiosa de alcanzar la "autonomía estratégica". Tras décadas de globalización acelerada, la Unión Europea intenta, a marchas forzadas, desvincular sus cadenas de suministro de los regímenes autocráticos. Sin embargo, en este tablero geopolítico fragmentado, las economías del sur de Europa, con España a la cabeza, corren el riesgo de convertirse en los daños colaterales de una guerra comercial que no han provocado.
Para España, la retórica del "de-risking" (la reducción de riesgos comerciales) choca frontalmente con la cruda realidad de sus sectores más estratégicos. La transición ecológica y el desarrollo de las energías renovables, pilares fundamentales de la agenda económica de Madrid, dependen casi por completo de la importación de tierras raras y componentes tecnológicos controlados por potencias extracomunitarias. Intentar cortar estos lazos de la noche a la mañana, sin haber consolidado una infraestructura industrial propia dentro de las fronteras europeas, no es estrategia; es un suicidio económico.
Esta vulnerabilidad se extiende de igual manera al sector agroalimentario español. En un contexto de costes de producción disparados y regulaciones climáticas cada vez más estrictas en Bruselas, los agricultores españoles se encuentran atrapados. Por un lado, dependen de fertilizantes y materias primas extranjeras; por el otro, se ven expuestos a la competencia desleal de mercados externos que no cumplen con los estándares comunitarios, todo mientras las tensiones arancelarias entre Washington y Pekín amenazan con cerrar mercados de exportación clave.
Europa, y España en particular, no pueden permitirse el lujo del purismo ideológico cuando su tejido industrial y social está en juego. La verdadera resiliencia no se logra mediante comunicados de prensa entusiastas ni proteccionismos de fachada, sino con una inversión interna masiva, a largo plazo, en capacidad de procesamiento y producción local. Mientras la UE siga externalizando sus dependencias en lugar de solucionarlas, la autonomía estratégica no será más que una quimera jurídica que dejará a las economías europeas a merced de los vientos geopolíticos.