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VoS NEWS DESK | LEY DE INMIGRACIÓN | 1 DE OCTUBRE DE 2026
El Gobierno español puso en marcha el proceso extraordinario el 16 de abril de 2026 para determinados ciudadanos extranjeros que ya se encontraban en España.
El procedimiento estaba dirigido, entre otros grupos, a personas que habían llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y podían demostrar una permanencia continuada de al menos cinco meses, además de cumplir otros requisitos establecidos por la normativa.
También podían acceder determinados solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes de esa fecha. Entre los requisitos figuraban la ausencia de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.
El plazo para presentar solicitudes terminó el 30 de junio de 2026. Según los datos publicados por el Gobierno español, se registraron 1.174.978 solicitudes y 609.737 ya habían sido tramitadas cuando se publicó el balance inicial.
La mayoría de las solicitudes correspondieron a autorizaciones por circunstancias excepcionales vinculadas al arraigo, mientras que otra parte correspondió a solicitantes de protección internacional.
Los ciudadanos de Colombia representaron el grupo más numeroso por nacionalidad, seguidos por personas procedentes de Marruecos, Venezuela, Perú y Honduras. Dos tercios de los solicitantes procedían de Centroamérica y Sudamérica, según las cifras oficiales.
Cataluña registró el mayor número de solicitudes, seguida de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía.
El proceso también ha tenido efectos en las cifras de afiliación a la Seguridad Social. El Gobierno informó de que, hasta finales de junio, se habían registrado 159.097 nuevos afiliados vinculados al proceso de regularización. Los sectores con mayor número de nuevas altas incluían hostelería, comercio, servicios administrativos y construcción.
Las personas que cumplen los requisitos pueden obtener inicialmente una autorización de residencia y trabajo en España con una duración de un año. Posteriormente, pueden incorporarse a las vías ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.
La autorización no permite automáticamente establecerse o trabajar en otro Estado miembro de la Unión Europea; se trata de un permiso relacionado con la residencia y el trabajo en España.
El proceso ha requerido una importante infraestructura administrativa. El Gobierno habilitó oficinas y un sistema de citas para facilitar la presentación presencial, además de una vía telemática.
Tras el cierre del periodo de solicitudes, la atención se centra ahora en la tramitación de los expedientes y en las resoluciones correspondientes.
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La magnitud del proceso —más de 1,17 millones de solicitudes registradas— lo convierte en un asunto relevante para la política migratoria española. Los siguientes pasos se centran principalmente en la tramitación de expedientes y en la aplicación de los requisitos establecidos por la normativa. Las cifras oficiales también muestran un aumento de afiliaciones a la Seguridad Social asociado al proceso.
Source: Gobierno de España; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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