España se adentra en el último tramo del año bajo la mirada atenta de una Unión Europea que busca certidumbre. Por un lado, las magnitudes macroeconómicas continúan ofreciendo un respiro notable: la consolidación del empleo y la resiliencia del sector servicios mantienen a la economía española en puestos de cabeza respecto al crecimiento de la zona euro. Sin embargo, esta bonanza de los grandes números contrasta severamente con la realidad cotidiana de millones de familias golpeadas por el coste de la vida y el acceso a la vivienda.
La tensión estructural entre la estabilidad del Gobierno central y la fragmentación parlamentaria sigue marcando la agenda política. La dificultad para pactar grandes reformas de Estado —desde la financiación autonómica hasta la modernización del modelo productivo— pone de manifiesto que el cortoplacismo partidista continúa primando sobre los consensos de largo alcance. En un contexto internacional cada vez más volátil, España no puede permitirse el lujo de demorar decisiones estratégicas en materia de transición energética y soberanía industrial.
Por otro lado, el debate social se ha desplazado inevitablemente hacia el territorio. Las crecientes tensiones vinculadas al modelo turístico en diversas comunidades y la creciente presión sobre los recursos hídricos en el sur peninsular no son problemas aislados, sino síntomas de un modelo de desarrollo que exige una profunda revisión. La prosperidad futura no se medirá únicamente por el aumento del PIB o la llegada de visitantes, sino por la capacidad de vertebrar el país de forma sostenible, garantizando servicios públicos de calidad y vivienda asequible para las nuevas generaciones.
España se halla ante una oportunidad histórica. El impulso financiero europeo y la fortaleza de sus sectores clave ofrecen el margen necesario para ejecutar las reformas que el país requiere. No obstante, para que este ciclo expansivo no sea efímero, la clase política debe estar a la altura, superando la crispación institucional y colocando la cohesión social e territorial en el centro de la acción de gobierno.
